Más de 3.500 viviendas no fueron entregadas a sus verdaderos propietarios en Carabobo

Durante un recorrido efectuado ayer por el conjunto residencial Lomas de la Hacienda, de San Diego (estado Carabobo), el ministro del Poder Popular para el Comercio, Richard Canán, aseguró que las más de 3.500 familias afectadas por las prácticas inescrupulosas de las cuatro constructoras de la entidad (tres ocupadas temporalmente y una expropiada) serán protegidas por el Gobierno Nacional. 

El urbanismo Lomas de La Hacienda, expropiado por el Ejecutivo venezolano, lleva más de un año paralizado y tres de retraso. Originalmente contemplaba la construcción de 1.500 casas, pero solamente fueron entregadas las 380 de la primera etapa. "Eso lo hicieron para que desde la autopista (variante Naguanagua-San Diego) se viera que todo estaba bien, para seguir engatusando a la gente", ironizó el ministro. 

Canán constató que en la urbanización hay 1.000 viviendas sin concluir; sin techo y sin ningún tipo de servicio público. La vialidad no tiene fundación. "Por eso es que el Gobierno Bolivariano ha procedido a la expropiación, pues esta empresa no iba a culminar el urbanismo", ratificó. Acompañado por la presidenta del Indepabis, Aura Rosa Hernández, Canán comentó que los dueños de la constructora Blancoveca, responsable del proyecto, son de origen extranjero y se presume que huyeron del país, "pues no han dado la cara para asumir sus responsabilidades ante el proceso administrativo y penal que adelantamos". 

Reiteró la disposición de la Revolución Bolivariana de ayudar a todas y todos los afectados que han cumplido con cada uno de los requisitos para adquirir su inmueble, que pagaron su cuota inicial, que firmaron sus contratos en los años 2004 y 2005 de este conjunto residencial. "Sientan que aquí está su Gobierno para poner coto a esa situación". "CIUDAD FANTASMA" Canán especificó que, además de la paralización de Lomas de La Hacienda -evidente a simple vista por la altura del monte que crece dentro de las casas- "hay una serie de irregularidades adicionales. No hay un manejo hidráulico correcto, no existen normas ambientales adecuadas. También se descubrió la venta de una misma casa varias veces a diferentes personas". 

El grado de desidia en la obra es tal, que los voceros urbanísticos y los funcionarios del Indepabis compararon el lugar con una "ciudad fantasma", lo que contrasta con lo dicho por algunos voceros opositores en Carabobo, quienes aseguran que en estos espacios "las constructoras cumplieron". Canán condenó las prácticas en las que incurrían los emporios de la construcción a espaldas de las familias. 

"Estamos hablando de viviendas que costaban en un principio de 60.000 a 70.000 bolívares en los primeros contratos, luego pretendieron romper con estas convenciones y intentaron que la gente les pagara hasta 300.000 por la misma vivienda. (...) eso es un 300% a 400% de incremento por encima del valor original. Por supuesto, todo va a sumar el expediente para procesarlo, pues son actos violatorios de la ley". El Ministro supervisó las condiciones en los cuatro urbanismos sobre los cuales el Gobierno Nacional adelantó medidas en la región. Además de Lomas de La Hacienda, se tomó la medida de ocupación temporal de los urbanismos La Abadía, Monte Mayor y Villa Alianza que suman, entre las cuatro, 3.500 inmuebles sin entregar. De esta cantidad, sólo hay construidas 765, puntualizó Canán. 

"Esos supuestos empresarios decían que eran eficientes. Pero en más de cinco años no han concluido ni 20% de estas obras. Por tal razón, el comandante Hugo Chávez decidió asumir la culminación y la entrega de viviendas", sentenció. ALCALDE OPOSITOR INVOLUCRADO CON CONSTRUCTORA Canán señaló que el alcalde opositor del municipio San Diego, Enzo Scarano, "en vez de alegrarse porque el pueblo va a recibir por fin sus viviendas, más bien ataca el procedimiento. Esa actitud se debe a que hemos descubierto que parte de estos terrenos del urbanismo Lomas de la Hacienda eran de este Alcalde, quien con un documento sospechoso de compra-venta entregó sus tierras a la urbanizadora, con la que posee una relación comercial". 

"Ya entendemos la posición hostil de este alcalde hacia los vecinos, quienes han denunciado agresiones de este señor que se pone de parte, sin ninguna vergüenza, de los constructores inescrupulosos y no de estas 1.500 familias", añadió. Canán cuestionó, del mismo modo, el papel desinformativo que han jugado las empresas privadas de difusión, al desvirtuar la medida llevada adelante por el Ejecutivo. Denunció la falta de respeto de la oposición derechista en contra del pueblo, al colocarse a la defensa de los victimarios y no de las víctimas. El funcionario insistió en que las expropiaciones de empresas constructoras tienen el objetivo de culminar desarrollos urbanísticos abandonados y que las medidas de ocupación temporal son para obligar las entregas de los inmuebles a sus compradores. 

Indicó que el Ejecutivo Nacional atendió el llamado de desespero de los afectados por incumplimiento de contratos y estafas manifestadas también por el cobro de IPCM. RECLAMAN RESPETO Unos de los voceros del urbanismo Lomas de la Hacienda, Luis Torres, relató que inicialmente el grupo de propietarios detectó irregularidades en la entrega de las casas. "La constructora estaba adjudicando a los que estaban de últimos en la lista a cambió de pagar un dinero extra". Torres relató que "en estos diez meses hemos coordinado con el Indepabis de manera decidida. Pero existen medios de comunicación y personeros de la entidad que lo que hacen es faltarle el respeto a las familias carabobeñas". 

Por su parte, Cintia Torcuato, afectada del urbanismo, exhortó al burgomaestre Scarano a debatir "con papeles en mano", sobre la legalidad de todos los compradores. "Que se deje de estar amenazándonos y descalificándonos por televisión y se acerque a debatir no en base a chismes. Que venga aquí para que vea nuestro viacrucis, que sólo el presidente Chávez ha atendido".