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martes, 1 de febrero de 2011

MP imputará a 3 directivos de constructoras por estafa inmobiliaria Por la presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada

Caracas.- El Ministerio Público imputará en las próximas horas a dos directivos de la empresa constructora Inversiones Blanchet, C.A. y uno de la sociedad mercantil Grupo Eiffel, como consecuencia de las investigaciones desplegadas por esta institución contra el fraude, la estafa y la usura.

En este sentido, serán imputados los directivos de la empresa constructora Inversiones Blanchet, C.A., Alfredo Benito Salas Castellanos y Roberto Antonio Bastidas Hernández, por una presunta estafa inmobiliaria en perjuicio de mil 800 familias, las cuales habían destinado recursos para la adquisición de un inmueble en el complejo habitacional Lomas de la Hacienda, ubicado en San Diego, estado Carabobo.

En la audiencia de presentación, a efectuarse ante Tribunal 3° de Control de Carabobo, el fiscal 6° de esa jurisdicción, Mario Rodríguez, imputará a Salas Castellano y Bastidas Hernández, por la presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.

Tales empresarios fueron aprehendidos este sábado 29 de enero por funcionarios policiales, tras órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por el citado Tribunal.

Vale acotar, que Bastidas Hernández fue aprendido en Carabobo, mientras Salas Castellanos en un sector de Maracaibo, estado Zulia, en consecuencia, este último será presentado en un tribunal de esa jurisdicción, instancia que declinará la competencia en el Tribunal que dictó las órdenes de aprehensión.

De acuerdo con las denuncias realizadas por los afectados, los representantes de la referida empresa establecieron contratos de compra-venta de inmuebles con las citadas familias para la adquisición de viviendas en el complejo habitacional Lomas de la Hacienda, sin embargo, transcurrido 6 años para la entrega de las mismas, éstas aún no han sido cedidas.

Además, según los denunciantes, se les obligaba a firmar nuevos contratos por precios más elevados y se le cobraba el Índice de Precio al Consumidor (IPC), lo cual está legalmente prohibido.

Caso Terrazas de Guaycoco
Por otra parte, la fiscal 56° del área metropolitana de Caracas, Adriana Valdez, imputará al empresario Germán Hernández Bermúdez, por la presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal.

De acuerdo con la investigación, la sociedad mercantil antes mencionada ofreció a los afectados la entrega en un lapso determinado de la solución habitacional Terrazas de Guaycoco, ubicada en Filas de Mariche, municipio Sucre, estado Miranda. No obstante, la empresa no habría cumplido con el lapso correspondiente.

Hernández Bermúdez fue detenido por funcionarios policiales el sábado 29 de enero, tras una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público ante el Tribunal 40° de Control de Caracas.

Caso: Villas Springfield Dillages
Asimismo, en las próximas horas, el Ministerio Público presentará ante un tribunal de Control de Caracas, al presidente de la empresa Venezolana de Bienes 2000, C.A., Rogelio Alexis Palacios Repilloza, detenido este 29 de enero, tras una orden de aprehensión solicitada por la fiscal 62° de la citada jurisdicción, Verónica Berroterán.

Tal solicitud se efectuó en vista de que el Palacios Repilloza no cumplió con las medidas cautelares que le fueron otorgadas por el tribunal que conoce de su causa judicial y, en ese sentido, no se presentó en la fecha pautada para la celebración de la audiencia preliminar, en la que se decidiría su pase o no a juicio.

El Ministerio Público en su debida oportunidad acusó a Palacios Repilloza por los delitos de estafa calificada continuada.
De acuerdo con la investigación, la empresa ante mencionada fungía como casa promotora de venta de terrenos y viviendas, así como empresa constructora de las soluciones habitacionales que ofrecían.

Tal es el caso del complejo habitacional Villas Springfield Dillages, ubicado en los Valles del Tuy, estado Miranda, en el que centenares de familias se vieron afectadas por el cobro de intereses superiores a lo estipulado por la Ley y por el incumplimiento de los lapsos de entrega de las viviendas.

Como consecuencia de las investigaciones iniciadas a raíz de 6 mil denuncias presentadas por los afectados, el Ministerio Público coordinó en los últimos días varios allanamientos en distintas zonas del país.


http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=27&t=148091 

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