Unas 150 mil familias de clase media en todo el territorio nacional fueron estafadas y engañadas por empresas de la construcción mediante cobros adicionales sobre el precio de venta de viviendas, justificándolos bajos excusas tales como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o de ajustes necesarios.
Son 31 inmobiliarias las que presentan el mayor número de denuncias en la sala situacional del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), las cuales valiéndose de ofertas engañosas y artimañas han incumplido los compromisos de adjudicación para disponer del dinero de los compradores, con el propósito de desviarlo hacia otros negocios y maximizar sus ganancias.
En muchos casos ni siquiera han construido la viviendas, inflando de manera desproporcionada los precios de las mismas y haciédolas impagables para las familias, a quienes amenazan con la pérdida de la casa y del dinero invertido, en caso de que se nieguen a pagar los incrementos o a aceptar nuevas condiciones impuestas por las inmobiliarias.
El presidente de la Subcomisión de Gestión Pública de la Asamblea Nacional (AN), diputado Augusto Montiel, explicó que el cobro del IPC nunca ha sido un esquema de construcción de costos ni de indexación, de ningún tipo de valores o precios de bien o servicio, lo cual está establecido la resolución emitida por el ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat en Junio de 2009.
Destacó que las constructoras de complejos habitaciones se han dedicado a robar a las familias jóvenes y profesionales, las cuales se esfuerzan por reunir su dinero para adquirir las viviendas a través de los programas y facilidades crediticias que brinda el Gobierno Nacional a través de la banca pública.
"Las empresas inmobiliarias son mafias que se financian del Estado a través de los créditos a bajo interés de los fondos de vivienda, de los compradores sacándoles dinero a medida que desarrollan el proyecto, así como de desviar los recursos hacia el mercado paralelo de compra de dólares y proyectos habitacionales fuera de Venezuela", aclaró.
En ese sentido, Montiel refirió que estas empresas que operan a través del engaño han estafado 4,5 millardos de bolívares y sus acciones delictivas comprenden además el fraude, la extorsión y la usura.
Ante esto, se conformó una Sala Situacional, con la participación de varios entes públicos del Estado, así como una Mesa Técnica de Acción en la Vicepresidencia de la República, que buscan poner freno al abuso y la anarquía del sector de la construcción privada.
Entre las 31 inmobiliarias objeto del mayor número de denuncias, se ha evidenciado que no han cumplido con las condiciones de los contratos, ni con las fechas de entrega y tampoco han respetado los precios convenidos en el documento de compra-venta.
Entre las constructoras más denunciadas por el cobro ilegal del IPC se encuentran: Grupo EIFEL, Matalinda, Inmobiliaria Edificio, C.A, Promociones Placa, Promotora Sida 202, Inversiones Martinique, inversiones Urbana 2007, Inmobiliaria Dafer, Inmobiliaria Corepi, Promotora Metro Urbe, Grupo Coyserca, entre otras.
Familias revelan las estafas
Como parte de las prácticas violatorias realizadas por estas empresas constructoras, se verificó que en el Conjunto Residencial San José del Avila, ubicado en la parroquia Altagracia, en Caracas, la construcción tiene un tiempo de retraso de dos años aproximadamente, ya que la fecha de entrega establecida en el contrato era para junio de 2008.
Sobre este punto, Horacio Rangel, comprador de un apartamento de 83 metros cuadrados, comentó que se siente estafado y engañado ya que le prometieron la entrega de su apartamento para junio de 2008 y aún continua en la espera. "Luego de esa promesa vendí mi casa y quedé prácticamente en la calle. He estado viviendo arrimado y alquilado con mi esposa por la irresponsabilidad de esta empresa", señaló.
Asimismo, explicó que la obra inconclusa no corresponde a lo promocionado en la venta, pues en el contrato establece, por ejemplo, que colocarían un muro perimetral y un sistema de electricidad en las escaleras que no han realizado, además, dejaron montones de tierra en el área de los estacionamientos.
"Es totalmente falsa su propaganda de enganche que decía "Mudate a Caracas ya y tendrás vista al Ávila", agregó.
Ante los reclamos, la respuesta de esta empresa promotora San José del Ávila, cuyos dueños son Arturo Moreán y Ricardo Domínguez Bigott, es: "Si quieren sus viviendas entonces tendrán que pagar el IPC y firmar un nuevo contrato". A juicio de Rangel, los nuevos contratos buscan continuar conla estafa inescrupulosa.
Entre tanto, Mayerlin Barrios, quien integra una de las 572 familias que negociaron la adquisición de sus apartamentos en el Conjunto Residencial Matalinda, ubicado en Charallave, estado Miranda, con la empresa constructora Consurtuy, comenta que pretenden cobrarle el IPC mediante la figura de "justiprecio" para pasar a pagar de 83 mil bolívares, que era el costo inicial del apartamento, a 380 mil bolívares.
"Es injusta esta estafa porque nos han amenazado con quitarnos el apartamento. El contrato de compra venta estipulaba la entrega en el año 2008, y luego de dos años de retraso no está levantada ni siquiera la estructura del complejo urbanístico donde compre, sin embargo, están exigiendo el pago del IPC, aún sin sin iniciar las obras", denunció.
Estos apenas son dos testimonios que muestran hasta dónde son capaces de llegar aquellos que se dicen defensores de la propiedad privada: con tal de acumular ganancias de forma desmedida y valiéndose de las acostumbradas prácticas capitalistas, no sólo le nigan el derecho a la vivienda a los compradores, sino que además se apropian descaradamente de su dinero.
