Instalada sala situacional por el INPC en Carabobo

En respuesta a la necesidad de establecer salas situacionales en el país. La coordinación de Indepabis en el estado Carabobo asume el control de investigar aquellos casos de constructoras que se encargan de estafar a personas en el cobro ilegal del INPC y demás ilícitos inmobiliarios.

Grupos de usuarios afectados por la misma constructora en diferentes urbanismos ahora forman parte de esta sala para realizar el seguimiento a los delitos de estafa cometidos por parte de estas empresas, Indepabis construyó una mesa de trabajo con el fin de detectar y evaluar cuales son la empresas más denunciadas para la aplicación de medidas y sanciones.

Más de 700 denuncias se han recibido en este estado, por ello el Gobierno Bolivariano responde de manera favorable en el resguardo de los intereses de los afectados, engañados por empresas constructoras como: Grupo Amazonia con 3 urbanismos, 2 en el municipio San Diego, 1 en el municipio Guacara; Grupo Coyserca con 9 complejos habitacionales ubicados en los municipios San Diego, Libertador y lo Guayos. Así como también Mally House con 1 conjunto residencial con más de 300 viviendas.

En la sala situacional ya se han detectado inmobiliarias que ni siquiera han comenzado con la construcción de la obra, paralizando las mismas con la finalidad de aumentar los precios desproporcionadamente de las casas o apartamentos haciéndose imposible el pago de las cuotas, amenazando a los usuarios con la pérdida del inmueble y del dinero invertido, si no cumplen con el pago de los incrementos impuestas por estas empresas.

Muchas de estas denuncias se refieren al cobro ilegal del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), incumplimiento de contrato, incremento en los pagos de las cuotas de las viviendas, entre otras, estafas llevadas a cabo por constructoras privadas.

Las inmobiliarias que han incurrido en este delito se valen de ofertas engañosas para incumplir los compromisos de adjudicación para disponer del dinero de los compradores, con el propósito de desviarlo hacia otros negocios y maximizar sus ganancias. 

En este sentido, se les informa a todas las personas que no sean víctimas en el pago del INPC en el precio total de su inmueble, que es totalmente ilegal esta acción y que las constructoras están en pleno conocimiento y derecho de no cobrarlo como lo indica el la resolución 110 emitida por el Ministerio del Poder Popular para Las Obras Públicas y Vivienda en gaceta 39.197 y si lo hacen estarían incurriendo en un ilícito ya que la vivienda es un derecho constitucional y no un negocio. 

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