Diputado Montiel: 15 mil familias carabobeñas son víctimas de estafas inmobiliarias

Las denuncias más recurrentes recaen en las constructoras Coyserca, Grupo Fernández, Amazonía y Blancovega, entre otros / También se encuentra el cobro ilegal del IPC y la reventa de los inmuebles

Alrededor de 15 mil familias carabobeñas son víctimas de algún tipo de estafa inmobiliaria por parte de grupos de constructores privados de esta entidad, de acuerdo con las denuncias recibidas por el comité creado para agrupar a estas personas en varios estados del país.

Así lo dijo el diputado de la Asamblea Nacional, Augusto Montiel, quien agregó que en Carabobo las denuncias más recurrentes recaen en las constructoras Coyserca, Grupo Fernández, Amazonía y Blancovega, entre otros, "que están afectando a más de 15 mil familias de múltiples modos, robándoles sus ahorros".

La declaración la ofreció este viernes el parlamentario, durante una asamblea de afectados por estas irregularidades, acto que se celebró en el Circulo Militar de Valencia.

Mencionó que dichas irregularidades se inician desde la captación de capital a cada una de las familias, así como la fase de la construcción, que en la mayoría de los casos registran retrasos considerables lo que origina un incumplimiento en las condiciones de entrega.

"También se encuentra el cobro ilegal del IPC, la reventa de los inmuebles entre otras irregularidades que están cometiendo contra estas familias algunos empresarios inescrupulosos del ramo de la construcción", dijo.

Otra situación que llama la atención en esta entidad es que "existen entre 4 y 10 constructoras con múltiples nombres, pero todos tienen combinaciones de los mismos dueños y de empresas accionistas de esos dueños", explicó.

Asimismo, destacó que en otros estados del país también se registran este tipo de actividades, por lo que desde la AN se realiza un trabajo de articulación con la población afectada, lo cual ha obtenido pasos importantes.

"Hasta ahora hemos logrado establecer multas, así como la prohibición de enajenación y gravamen para que los constructores no puedan movilizar esos bienes que son de esas familias", sostuvo.

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